Educación Inclusiva

INTRODUCCIÓN

  La educación inclusiva es unos de los asuntos con más intereses de las políticas de educación en latino américa actualmente. Este concepto de educación inclusiva se ve muy envuelto con las políticas de educaciones internacionales y nacionales donde se han venido desarrollando estrategias, políticas y método con el fin de buscar una Educación Para Todo (EPT), pero lastimosamente la evolución ha sido desigualdad en todos los países de América Latina.

 En Colombia, de sus 44 millones de habitantes, el 25 por ciento de ellos vive en zonas rurales, el 30 por ciento son afrodescendientes o afrocolombianos, el 1 por ciento, indígena, y 8.000 son gitanos. Además, el 5 por ciento se encuentra en situación de desplazamiento forzado, el 13 por ciento vive en zonas de frontera, el 7.5 por ciento son jóvenes y adultos mayores de 15 años que no saben leer y escribir, y el 10 por ciento presenta algún tipo de discapacidad. Todos y cada uno comparten un mismo territorio. Un principio básico de derechos humanos en un estado democrático es proveer educación de calidad a todos sus habitantes. Este principio significa, entre otras cosas, responder a las necesidades comunes y específicas de la población diversa geográfica y culturalmente, lo cual representa un desafío mayor en la definición de políticas de Estado.(MEN. )

  El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido desarrollando varias estrategias de inclusión educativa en la búsqueda de una sociedad más incluyente. Con fin de mejorar la calidad de formación de mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Un país que sustenta su educación superior en estas cualidades, es un país que está pensando en un futuro de transformación y reparación, donde la educación para todas y todos es un objetivo primordial (MEN.2014). El municipio de Valencia  Córdoba que ha sido golpeado por la violencia, desigualdad, clientelismo político etc… donde la mayoría de sus habitantes  pertenecen a una población desplazada que se encuentra en unos procesos de construcción de paz y sociedad.

  Donde se debe busca promover una cultura de paz, ciudadanía y familia, basada en una educación que trabaje en conocimientos, actitudes, habilidades, emociones y competencias; que desarrolle, en todos los actores educativos, la autonomía moral y ética, a partir de la reflexión sobre la acción, y promueva el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que garanticen la efectiva vinculación de la familia como principal responsable del proceso de formación de sus integrantes. Estableciendo así las responsabilidades para garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural.

La Educación Para Todos (EPT) para lograr una verdadera inclusión educativa en su totalidad como lo manifiesta el MEN en sus compromisos con las poblaciones vulnerables.

  “Queremos trabajar de la mano con los grupos étnicos para que sean ellos los que nos ayuden a incorporar su cultura, tradiciones e idiomas y para que, en conjunto, nos pongamos en la tarea de garantizar que los niños y niñas de las etnias reciban una educación de calidad que desarrolle sus habilidades y las competencias básicas para vivir en comunidad y enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo. Mejorando sus aprendizajes y brindándoles las herramientas necesarias, podremos lograr no sólo que se sientan seguros de sí mismos y de su cultura sino que sean ellos los primeros en demostrar que la mayor riqueza de los colombianos está en sus diferencias.”

Ministerio de Educación Nacional

Educación para Todos ha contribuido a forjar el concepto de educación inclusiva, propugnando por un modelo de educación que integre a los distintos grupos de personas, garantizando el valor de la diversidad, el multiculturalismo y la convivencia social.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son los principales factores de inclusión educativa superior en las zonas rurales del municipio de valencia en las poblaciones afectadas por violencia? 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

  El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando planes de mejora para la población desplazada con el fin de brindar oportunidades de estudios a nivel superior para una mejora de calidad de vida de las víctimas de desplazamiento. Unos de los lineamientos de las políticas de educación superior. Las normas que integran el Derecho Internacional Humanitario – DIH desarrollan las medidas de protección sobre la población no combatiente en un conflicto armado interno. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró los principios rectores de los desplazamientos internos que han servido de referente para los desarrollos jurisprudenciales en Colombia, que para el caso particular del Derecho a la Educación, el principio rector 23 presenta cinco importantes aspectos, a saber:

·         Universalidad del derecho

·         Gratuidad y obligatoriedad de la prestación en el nivel de la básica primaria

·         Respeto de cánones culturales, étnicos y religiosos

·         Enfoque de género

·         Prestación oportuna del servicio

  Ley 418 de 1997: Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones; artículo 15: se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.

  Ley 387 de 1997: Creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia - SNAIPD, a través de la cual en su artículo 19, numeral 10 decreta que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación departamentales, municipales y distritales, adoptarán programas educativos especiales para las víctimas del desplazamiento por violencia.

  Sentencias T-602 y T-721 de 2003: a través de las cuales, la Corte Constitucional hizo
explícita la necesidad de que la atención a la población en situación de desplazamiento
se base en “acciones afrmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la
generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual”.

Sentencia T-025 de 2004: por la cual la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional
frente al restablecimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento,
evidenció la necesidad de trabajar en la formulación e implementación de políticas
que faciliten el acceso a la oferta institucional a la población en situación de mayor
vulnerabilidad (mujeres cabeza de familia, niños, niñas, adolescentes, grupos étnicos
y personas con discapacidad), destaca de igual manera que dentro de los derechos
comúnmente conculcados como consecuencia del desarraigo, está el derecho a la
educación y que para restablecer los desequilibrios generados por éste, le corresponde
al Estado brindar un trato preferente a la población, aplicable en materia educativa.

  En educación superior las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco de su autonomía deberán establecer procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten a las víctimas acceder a su oferta académica, especialmente a mujeres cabeza de familia, adolescentes y población en condición de discapacidad. Finalmente, la ley ordena al Ministerio de Educación Nacional incluir a las víctimas dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantar las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX.

  Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado programa que está dirigido A víctimas del conflicto armado interno colombiano que residan en la ciudad de Bogotá́ y se encuentren incluidos en el Registro Único de Víctimas-RUV- o reconocidos como tales en los procesos de Restitución de tierras o de Justicia y Paz que estén cursando o se encuentren admitidos en una Institución de Educación Superior para cursar programas de pregrado en el nivel técnico profesional, tecnológico o universitario, en modalidad presencial en Bogotá́; asi de esta forma brindar recursos de sostenimiento, permanecía.

  El Fondo de Reparación para al Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima es una respuesta del Gobierno colombiano a lo ordenado por el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 en materia de educación, que establece que las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, definirán los procesos de selección, admisión y matricula que posibiliten a las víctimas en los términos de la Ley, acceder a los programas académicos ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior -IES.

  Así mismo, ordena al Ministerio de Educación Nacional, vincular a las víctimas dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantar las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX.

  Es así como en el año 2013 el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y EL ICETEX crearon un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de materializar la ordenanza de la ley.

  Este Fondo ofrece créditos 100% condonables para adelantar programas de niveles técnico profesional, tecnológico y universitario, hasta por once salarios mínimos mensuales legales vigentes (11 SMMLV) del valor total de la matrícula del periodo académico, ofrece un recurso de sostenimiento por semestre y por el número de créditos o el equivalente en semestres del programa académico que está condicionado a la permanencia estudiantil y a la participación en la estrategia de acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “De tu mano para un mejor futuro”, por uno punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.5 SMMLV).

  El análisis de oferta de EM rural muestra que la mayoría de instituciones tiene carácter académico (61%), siguen las que ofrecen Educación Media Técnica (23%) y las que tienen ambas modalidades (16%). La mayoría de los estudiantes están vinculados a la modalidad académica (69%). En el caso de las instituciones técnicas, la especialidad agropecuaria es la más frecuente (63%), aunque la participación de esta especialidad en la matrícula total del nivel de media en zona rural es apenas de 19.7% (Matijasevic et al., 2013).

  Colombia cuenta con un número significativo de experiencias orientadas a la educación para la población rural, locales y regionales, desarrolladas con recursos procedentes de instituciones privadas y de cooperación internacional. La sistematización de algunas de estas experiencias (Matijasevic et al., 2013), revela importantes esfuerzos en la búsqueda de pertinencia y calidad, en la generación de oportunidades de formación/participación de los estudiantes en sus comunidades, así como la intención de fortalecer áreas poco convencionales –incluida la identidad cultural-, con una visión amplia de formación para la vida.

CONCLUSIONES

  Los esfuerzos del MEN para facilitar el acceso a la Educación Superior se refleja en un incremento importante de la tasa de cobertura durante los últimos años: de 25.6% en 2003 a 39.7% en 2011 (MEN, 2012b). Este crecimiento puede atribuirse a la participación de la matrícula en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– , a los beneficios generados por la Ley 749 de 2002 en la oferta de programas de las instituciones técnicas y tecnológicas (Brunner, 2011) y al papel de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES).

  Pese al incremento, la cobertura sigue siendo limitada y, sobre todo, inadecuadamente distribuida. La OCDE y el Banco Mundial (2012) muestran que los cupos no se distribuyen uniformemente entre los departamentos y municipios del país, siendo las zonas escasamente pobladas, las zonas rurales y la selva, las peor abastecidas: los cupos en 2010 para jóvenes entre 17 y 21 años fue de 4.2% en Vaupés y 9.9% en Vichada, en contraste con un 50.4% en Quindío y 73.7% en Bogotá. Aunque para 2012 el 61% de municipios del país contaba con oferta en Educación Superior, 83% del total de la matrícula se concentraba en las ciudades capitales (MEN, 2012b).

  La mayoría de programas de Educación Superior son presenciales, lo que implica mayores limitaciones en el acceso y más posibilidades de deserción, bien sea por costos de sostenimiento o por dificultades de adaptación cultural. La educación a distancia se constituye en una alternativa que podría contrarrestar estas dificultades. No obstante, según lo señalado por la OCDE y el Banco Mundial (2012), la educación superior de carácter presencial en Colombia abarca 89% de la oferta (con un leve crecimiento entre 2002 y 2010). Es necesario subrayar las limitaciones existentes en las zonas rurales para el uso de ambientes virtuales de aprendizaje (MEN.2012).

Corresponde a las instituciones de Educación Superior (IES) pensar no solo en estrategias para facilitar el acceso a los programas y modalidades ya existentes, sino también, y sobre todo, diseñar alternativas altamente flexibles que respondan a los requerimientos de las poblaciones rurales. El diseño de estas alternativas debe enfrentar vacíos normativos y legales relativos al ingreso, la validación, la homologación y la movilidad entre programas. Un estudio realizado por el CRECE (2012) pone de relieve “la debilidad de las regulaciones requeridas para asegurar el necesario diálogo entre las instituciones de Educación Media, Educación Superior y educación para el trabajo” (p.137). A la vez, destaca la inexistencia de un marco legal y administrativo que dé soporte a estas relaciones: las posibilidades de elección de los estudiantes se encuentran condicionadas por conexiones puntuales, con base en convenios interinstitucionales.

REFERENCIA

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 Brunner, J. J. (Ed.). (2011). Educación Superior en Iberoamérica, Informe 2011. Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) – Universia.

 Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales, Crece. (2011). Sistematización del Proyecto de Educación Superior para el área rural del Departamento de Caldas ‘La Universidad en el Campo’. Manizales.

 Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales, Crece. (2012a). Sistematización del Proyecto de Educación Superior para el área rural del departamento de Caldas ‘La Universidad en el Campo’ en su segundo año de ejecución. Manizales.

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Ley 759 de 2002

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Ley 975 de 2005

Ley 1592 de 2012